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El País

Nicaragua: In the hell of El Chipote, Ortega's worst prison

La opositora nicaragüense Ana Margarita Vijil narra su encierro durante 606 días en el temido penal de El Chipote en Managua y aboga por los desaparecidos y los presos políticos que aún permanecen en las cárceles del país


Cecilia Ballesteros, Madrid - 13 JUL 2024

Ana Margarita Vijil, opositora nicaragüense, en Madrid (Pablo Monge)


“Estuve 606 días en la prisión de El Chipote en confinamiento solitario. Los primeros 80 como desaparecida, durante ese tiempo mi familia no supo nada de mí. Son celdas con vigilancia durante las 24 horas y la luz eléctrica encendida de día y de noche, con un baño oscuro que es el único lugar donde hay intimidad. Nos sacaban al patio cada 15 días y eso después de meses y gracias a las protestas de nuestras familias. Empezaron a salirnos manchas blancas por la falta de sol, a algunas presas les diagnosticaron una especie de vitiligo. Estaba prohibido leer y escribir. Hasta les quitaban las etiquetas a las botellas de agua. Luego mi único material de lectura fueron los componentes de los yogures. Me volví una experta en su composición”.


Quien así habla, tragándose las lágrimas mientras recuerda su cautiverio durante una reciente visita que ha realizado a Madrid, es Ana Margarita Vijil (León, Nicaragua, 46 años), abogada y activista, expresidenta del Movimiento de Renovación Sandinista (ahora denominado Unamos) fundado entre otros por el escritor Sergio Ramírez, detenida en junio de 2021, durante la ola de represión que desató el régimen de Daniel Ortega en vísperas de las elecciones celebradas ese año, cuando decretó la ilegalización de los partidos políticos y apresó a los siete opositores precandidatos a la presidencia. Su delito: “Unos tuits, unos retuits y unas declaraciones públicas”. Lo que le valió una acusación de “conspiración y menoscabo de la soberanía nacional” y una condena a 10 años de cárcel. En la cacería desatada contra la disidencia cayeron al mismo tiempo la pareja de Vijil, la legendaria comandante sandinista, Dora María Téllez; su sobrina, Tamara Dávila, y Suyén Barahona, las dos últimas de Unamos y todas presas e incomunicadas en el ala de mujeres de El Chipote, la peor mazmorra del régimen —que está fuera del sistema penitenciario― en Managua, excepto Téllez, que fue destinada a la galería de aislamiento de los hombres.


Vijil estuvo 80 días en prisión preventiva sin ningún contacto con el exterior ni asistencia de abogado alguno, lo que llaman periodo de investigación —que Ortega reformó ampliándolo de 48 horas a 90 días—, hasta que un día, a las tres de la madrugada fue llevada junto con otros presos a los juzgados para una audiencia preliminar. “Fue una pantomima, con un abogado de oficio. Eso fue en septiembre de 2021 y me quedé sin saber nada hasta el 2 de febrero del año siguiente cuando se celebró un juicio exprés en la misma prisión. Pude hablar con mi abogada tres minutos y me condenaron. Actualmente es peor. Ni siquiera llevan a los acusados a los juzgados. Los juicios son ahora con videollamadas. Llaman al preso y le leen la sentencia”.


Su caso no es único. Durante la conversación van surgiendo nombres de otros compañeros de infortunio. En estos momentos, hay 141 presos políticos, 23 de ellos mujeres. “Víctor Ticai, periodista, está preso desde abril de 2023 por cubrir una procesión religiosa; Carlos Bojorge, cuyo único delito fue ir a misa en enero de este año con una bandera azul pidiendo la libertad para monseñor Álvarez, que seguía preso. Lo detuvieron en el camino de regreso a casa y sigue desaparecido. Eddy Meléndez, amigo mío, que tiene párkinson, está desde julio de 2021 en la cárcel de La Muela, acusado de un delito que materialmente era imposible que cometiera. Nancy Henríquez, líder indígena, que lleva más de 250 días en aislamiento; Brooklyn Rivera, presidente del partido político indígena Yatama, secuestrado el pasado 29 de septiembre y lleva más de 200 días desaparecido, el profesor Freddy Quezada también desaparecido…”


La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) asegura que más de 2.000 personas han pasado por las cárceles nicaragüenses desde 2018, si bien el monitoreo de la formación opositora Unidad Azul y Blanco afirma que la cifra real se acerca a los 5.000. Abundan las acusaciones de torturas físicas, violaciones y malos tratos por parte de la policía. Además, añade, Vijil, “todavía hay más de 355 familias esperando saber qué pasó con los asesinatos de sus parientes entre abril de 2018 y junio de 2019″.


“La única fuente de poder de Ortega es el terror, la policía, el ejército y en este momento también el poder judicial. Apoyo popular no tiene, eso lo sabemos desde hace mucho tiempo. Lo que tiene es pánico a que se recomponga el tejido social. Según el Mecanismo de Seguimiento de Nicaragua (Meseni), 3.800 organizaciones de la sociedad civil han sido cerradas y confiscadas en los últimos años, y más de 30 universidades privadas han sido clausuradas también. A cualquier líder con proyección nacional, en cualquier área, solo le espera la cárcel o el exilio”, afirma Vijil.


Ella formó parte del primer grupo de 222 nicaragüenses a los que el régimen desposeyó en 2023 de su nacionalidad, como los periodistas Carlos Fernando y Cristina María Chamorro, entre otros, y tuvieron que emprender el camino del exilio. Inhabilitada como abogada y robados los negocios de su familia, Vijil —que se acogió a la nacionalidad española con el ofrecimiento del Gobierno de Pedro Sánchez a los opositores que el régimen quería convertir en apátridas—, reside en Nueva Orleans con Dora María Téllez, con la que se casó ya en EE UU, y que está dedicada a escribir sus memorias tras romper con el Frente Sandinista por la deriva autoritaria de Ortega. “Nos reencontramos en el vuelo chárter a Washington. Fue como una película”.


Vijil no sufrió torturas físicas, pero sí psicológicas. Recuerda que lo más duro de su encierro fue la enfermedad de su madre, que murió tras un largo cáncer y a la que nunca volvió a ver, y el fallecimiento del general retirado Hugo Torres, que dirigió el asalto al palacio presidencial de Somoza en 1978, junto a Téllez, tras pasar por El Chipote. “Al menos mi mamá murió cuando yo ya estaba libre. No la pude abrazar, pero hablábamos todos los días. Y sé que aguantó por eso”. Pero ni el régimen ni el cautiverio la quebraron. Su fortaleza interior, pese a su aspecto frágil, ha convertido la experiencia de la cárcel y la del destierro en una fuente de aprendizaje. “Estaba convencida de que iba a ganar, podía estar aislada, pero mi mente se mantuvo firme. Aprendí a apreciar las cosas lindas como ver amanecer o cuando un guardia me sonreía. Cada día aún en situaciones extremas tienes algo que agradecer. Uno nunca es tan pobre como para no poder ayudar a otro ni tan rico como para no necesitar ayuda”.


Esa esperanza lleva a Ana Margarita Vijil a afirmar que cada día que pasa el fin del régimen está más cerca después de más de una década de impunidad, de tanta muerte, de tanto desangrarse por dentro y por fuera. “Estoy convencida de que está en su etapa final y que después de concentrar todo el poder, ha comenzado a perderlo. Nicaragua necesita unas elecciones con garantías, un Gobierno de transición que restaure el orden democrático para un país en el que quepan todos, y para que esto no se vuelva a repetir necesita justicia y verdad”.



Translation by Genocide Watch:


Nicaraguan opposition activist Ana Margarita Vijil recounts her 606-day imprisonment in the dreaded El Chipote prison in Managua and advocates for the disappeared and political prisoners still held in the country's jails.


"I spent 606 days in solitary confinement in El Chipote prison. For the first 80 days, I was considered disappeared, with my family having no information about my whereabouts. The cells had 24-hour surveillance with electric lights on day and night. The only place with any privacy was a dark bathroom. We were allowed into the yard every 15 days, but only after months of protests by our families. We developed white spots on our skin due to the lack of sunlight; some prisoners were diagnosed with a form of vitiligo. Reading and writing were forbidden. They even removed labels from water bottles, so my only reading material was the ingredients on yogurt containers. I became an expert in their composition."


Ana Margarita Vijil, a 46-year-old lawyer and activist from León, Nicaragua, and former president of the Sandinista Renovation Movement (now called Unamos), founded by writer Sergio Ramírez, speaks with emotion, holding back tears as she recalls her captivity. During a recent visit to Madrid, she recounted her arrest in June 2021 amid the wave of repression by Daniel Ortega's regime ahead of that year's elections. The regime had decreed the illegalization of political parties and imprisoned seven opposition presidential candidates. Her crime: "Some tweets, some retweets and some public statements". This led to her being charged with "conspiracy and undermining national sovereignty" and receiving a 10-year prison sentence. During the crackdown on dissidents, Vijil's partner, the legendary Sandinista comandante Dora María Téllez, her niece Tamara Dávila, and Suyén Barahona, both from Unamos, were also arrested. They were held incommunicado in the women's wing of El Chipote, the regime's notorious dungeon outside the official prison system in Managua. Téllez, however, was placed in the men's isolation gallery. All were detained simultaneously.


Vijil spent 80 days in pre-trial detention without any contact with the outside world or legal assistance, during what they call the investigation period. Ortega extended this period from 48 hours to 90 days. One day, at three in the morning, she was taken along with other prisoners to the courts for a preliminary hearing. "It was a farce, with a court-appointed lawyer," she recalls. "That was in September 2021. I was kept in the dark until February 2 of the following year, when an express trial was held in the same prison. I spoke to my lawyer for three minutes before being convicted. Nowadays, it’s even worse. Defendants aren't even brought to court; trials are conducted by video call. They call the prisoner and read the sentence."


Her case is not unique. During our conversation, she mentions other companions in misfortune. Currently, there are 141 political prisoners, 23 of whom are women. "Victor Ticai, a journalist, has been imprisoned since April 2023 for covering a religious procession; Carlos Bojorge, whose only crime was attending mass in January with a blue flag asking for freedom for Monsignor Alvarez, who was still imprisoned. He was arrested on his way home and is still missing. My friend Eddy Meléndez, who has Parkinson's, has been in La Muela prison since July 2021, accused of a crime he couldn't possibly have committed. Nancy Henríquez, an indigenous leader, has been in isolation for over 250 days; Brooklyn Rivera, president of the indigenous political party Yatama, was kidnapped on September 29 and has been missing for more than 200 days. Professor Freddy Quezada is also among the disappeared..."


The Inter-American Commission on Human Rights (IACHR) reports that over 2,000 people have been imprisoned in Nicaragua since 2018, although the opposition group Unidad Azul y Blanco estimates the actual number to be closer to 5,000. Allegations of physical torture, rape, and mistreatment by the police are widespread. Additionally, Vijil points out, "there are still more than 355 families waiting to learn the fate of their murdered relatives from between April 2018 and June 2019."


"Ortega's sole source of power is terror, wielded through the police, the army, and now the judiciary. He lacks popular support, which has been evident for a long time. His greatest fear is the rebuilding of the social fabric. According to the Nicaraguan Follow-up Mechanism (Meseni), 3,800 civil society organizations have been shut down and confiscated in recent years, and more than 30 private universities have been closed. For any leader with national influence, only imprisonment or exile awaits," says Vijil.


She was part of the first group of 222 Nicaraguans stripped of their nationality by the regime in 2023, along with journalists Carlos Fernando and Cristina María Chamorro, among others, and was forced into exile. Disbarred as a lawyer and deprived of her family's business, Vijil accepted Spanish nationality through an offer from Pedro Sanchez's government to opponents the regime aimed to render stateless. She now lives in New Orleans with Dora María Téllez, whom she married in the U.S. Téllez is dedicated to writing her memoirs after breaking with the Sandinista Front due to Ortega's authoritarianism. "We reunited on the charter flight to Washington. It was like a movie," Vijil recalls.


Vijil did not endure physical torture, but she did suffer psychological torment. She recalls that the hardest part of her confinement was her mother's illness; she died after a long battle with cancer, and she never saw her again. She also mourns the death of retired general Hugo Torres, who, alongside Téllez, led the 1978 assault on Somoza's presidential palace after passing through El Chipote. "At least my mom died when I was already free. I couldn't hug her, but we talked every day. I know she endured because of that." Despite the regime's attempts, neither her captivity nor the repression broke her spirit. Her inner strength, despite her fragile appearance, turned the experience of prison and exile into a source of learning. "I was convinced I was going to prevail. I could be isolated, but my mind held firm. I learned to appreciate the simple things, like seeing the sunrise or a guard's smile. Every day, even in extreme situations, there's something to be thankful for. You're never so poor that you can't help someone else, nor so rich that you don't need help."


That hope leads Ana Margarita Vijil to assert that each passing day brings the regime closer to its end, after more than a decade of impunity, death, and suffering. "I am convinced it is in its final stage. After concentrating all the power, it has begun to lose its grip. Nicaragua needs guaranteed elections and a transitional government to restore democratic order, ensuring everyone has a place in the country. To prevent this from happening again, we need justice and truth."


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